México, DF.- A 50 años de su creación, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) considera que la población mexicana cuenta con los elementos necesarios para emprender una lucha contra la corrupción y se desarticulen las prácticas sociales que buscan beneficiar a determinados grupos.

“Cuando no se ejerce la autoridad, ello se traduce en omisiones o un alcance ilimitado de la función de gobierno, generando espacios de opacidad… la otra cara de la moneda la representan aquellos grupos de la sociedad que mediante prebendas pretenden beneficiarse de ciertos actos u omisiones de de los gobiernos y los funcionarios públicos para romper las reglas de juego”, aseguró Netzahualcóyotl Salvatierra López, presidente de la CMIC.

Durante su participación en el Seminario Internacional “Ética en la gestión pública y la lucha contra la corrupción”, en el auditorio de la Secretaría de la Función Pública, el líder de los constructores mencionó que México, a nivel mundial, se ubica a la mitad de la tabla en cuanto a los índices de percepción de la corrupción.

Recordó que junto con la dependencia federal llevan a cabo acciones para transparentar la contratación en materia de obra pública.

“En la cual los constructores participen de manera transparente en las licitaciones y realicen obras con certidumbre, para que a final de cuentas sea la sociedad mexicana la que obtenga los beneficios de un adecuado manejo de los recursos públicos”, comentó Salvatierra López.

En este seminario internacional, participó el Juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón Real, que señaló que la lucha contra la corrupción no debe ser algo incidental.

“El gran error de muchas políticas contra la corrupción es olvidar que frente al uso torcido del poder, sea político, institucional, la vigilancia del compromiso responsable tiene que ser permanente y perfectamente coordinado en todos y cada uno de los ámbito a que se extiende esta influencia”, expresó Garzón Real.

Como se recordará, el juez español fue el primero en iniciar un juicio contra el ex presidente Augusto Pinochet por genocidio, ocurrido durante más de 30 años en Chile.

Aseguró que algunos funcionarios equivocan lo que es el verdadero servicio público, patrimonializan o se adueñan de los bienes públicos y se olvidan que son meros usuarios del poder que la sociedad ha depositado en ellos.

Mientras que para el secretario de la Función Pública, Germán Martínez Cáceres. La globalización ha potencializado los efectos nocivos de la corrupción, porque antes se focalizaba en las ventanillas gubernamentales y ahora mantiene redes que no conocen fronteras.

“La delincuencia organizada ha acentuado situaciones de hipercorrupción en países en desarrollo, esto es, sistemas de acción insertos en una cultura general permisiva de la violación a las leyes, en la que el soborno y la extorsión son mecanismos tolerados, aceptados socialmente como medios para acceder a ciertos bienes y servicios”, puntualizó el secretario del Función Pública.

Luego de asegurar que en México la corrupción es una realidad cultural, señaló que entre sus causas se encuentra la falta de transparencia o la ausencia de controles eficaces.

“Esto representa boquetes del sistema legal por los que escapa el privilegio a costa del interés público, por donde se filtra la ganancia indebida con argo a la posición o a los recursos que acompañan al servicio público”, expresó Martínez Cáceres.

Sin embargo ello no significa que debamos aceptar resignadamente que así somos y que la corrupción en la vida pública y privada es un destino fatal.

“Los mexicanos debemos sublevarnos frente a la corrupción… debemos comprometernos a abandonar, cada uno en nuestro entorno más inmediato, las prácticas que alimentan la cultura de la corrupción. En su lugar debemos abrazar la cultura de la legalidad, el aprecio por la rendición de cuentas y por la transparencia”, finalizó el secretario de la Función Pública.